Nuevo Baremo de Automóviles: aumento de las indemnizaciones por accidente de tráfico y otras novedades

Nuevo Baremo de Automóviles: aumento de las indemnizaciones por accidente de tráfico y otras novedades

LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR: PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA PERSONA EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

Continúa la lenta andadura en la que se encuentra la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que reforma el sistema de valoración de daños por accidentes de tráfico (más conocido en su versión reducida, Baremo de Automóviles), aprobado el pasado 10 de abril y que ha de sustituir (¡por fin!) al Baremo vigente desde 1995.

En este momento el nuevo Baremo de Automóviles ya ha sido aprobado por la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, finalizando así el proceso legislativo, por lo que se espera se pueda cumplir con la fecha fijada para su entrada en vigor el 01 de enero de 2016.

Se dará así respuesta a una de las medidas que reclamaban las asociaciones de conductores y víctimas como una necesidad urgente, reclamación argumentada con los datos de descenso de la mortalidad en las carreteras desde 1995, año en el que murieron 4.119 personas, hasta las 1.131 víctimas registradas en 2014. Y es que gracias a esta reducción de la mortalidad, las aseguradoras, que soportan la totalidad de las compensaciones económicas, podrán asumir los incrementos previstos.

El nuevo texto actualiza el sistema de indemnizaciones, adaptándolo a la realidad social actual, de manera que se fomenta la rápida resolución de los conflictos, se potencian los acuerdos extrajudiciales y cumple con el objetivo principal, “incrementar la protección a la víctimas de accidentes de tráfico mediante la garantía de una indemnización suficiente y se mejora el tratamiento indemnizatorio de los perjudicados en los accidentes de tráfico estableciendo un sistema activo, actualizado y adaptado a la realidad”, al mismo tiempo nos sitúa a la altura de las reformas emprendidas en el ámbito de la Unión Europea.

NOVEDADES

  • Se produce un significativo incremento de las indemnizaciones por muerte y por lesiones permanentes. El incremento medio de las indemnizaciones por muerte es del 50% y el de las lesiones permanentes es del 35%. Este porcentaje está calculado sobre la media del periodo 2005–2011.
  • En las indemnizaciones básicas por muerte:

Se busca una mejora de la percepción de las indemnizaciones mediante su individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares. Se reestructuran y amplían las categorías de perjudicados. El proyecto clasifica los perjudicados en cinco categorías autónomas: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados (convivencia familiar de 5 años y cercanía a la víctima en parentesco o afectividad). Esta última nueva figura del allegado ha sido introducida por el Proyecto considerándose que éstos pueden sufrir un perjuicio resarcible, con independencia de que concurran o no con otras categorías de perjudicados.

A efectos de la corrección por ingresos de la víctima, se incluyen en las víctimas a los desempleados y a las personas con dedicación total o parcial a las tareas del hogar.

Se distingue entre “perjuicio patrimonial básico” o gastos razonables derivados del fallecimiento, compensados con una cantidad mínima de 400 euros, y los “gastos específicos”, que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral.

  • El actual baremo es muy poco esclarecedor en cuanto a qué se paga y por qué se paga. Con la reforma se intentan clarificar los conceptos perjudiciales indemnizables, separando claramente los daños patrimoniales (materiales) y los daños extrapatrimoniales (morales) a fin de reconocer el derecho ala indemnización del lucro cesante (forma de daño patrimonial, la pérdida de unas ganancias potenciales que se podrían haber obtenido la víctima/perjudicado de no haberse producido el daño).

En las indemnizaciones por lesiones permanentes, para la valoración del lucro cesante se sustituye el sistema actual por otro modelo procedente del ámbito de los seguros. Se contempla (como hasta ahora) los ingresos netos de la víctima/perjudicado, pero también se valora el trabajo no remunerado, como las tareas del hogar o la pérdida de capacidad de trabajo futura de menores y estudiantes. Además, se introduce un coeficiente específico para cada perjudicado, que combina diversos factores tales como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas, entre otros.

  •  En los casos de lesiones permanentes, se refuerza especialmente la reparación del gran lesionado que quede con discapacidades que requieran de importantes apoyos para su autonomía personal, indemnizando los perjuicios y los daños emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales futuros.
  • Se revisa el baremo médico de lesiones permanentes (secuelas) adaptándolo al estado actual de la ciencia.
  • Para las incapacidades temporales, el Proyecto distingue entre “gastos de asistencia sanitaria” y otros “gastos diversos resarcibles”, es decir, todos aquellos gastos necesarios y razonables que genere la lesión en el desarrollo ordinario de la vida diaria del lesionado como, por ejemplo, el incremento de costes de movilidad del lesionado, los desplazamientos de familiares para atenderle, los gastos para atender a los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se ocupaba el lesionado, etcétera.
  • En general se disminuyen las indemnizaciones por incapacidades temporales para poder equilibrar y compensar así la subida de las indemnizaciones por muerte y lesiones permanentes.
  • Se clarifica y regula con detalle el resarcimiento en concepto de gastos.
  • Las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las Comunidades Autónomas los gastos derivados de los nuevos perjuicios cubiertos, importes médicos futuros, determinados gastos de rehabilitación y necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.
  • Se establece como criterio de actualización anual del sistema indemnizatorio el índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por ser el que más se aproxima a sus principios y características. Hasta ahora el índice de actualización utilizado es el IPC.
  • Al igual que en el Baremo actual se pretende conservar el principio de objetivación de la indemnización para promover los acuerdos extrajudiciales y que se indemnice conforme a las reglas y límites establecidos en el sistema. No se podrán fijar indemnizaciones por conceptos o importes distintos de los previstos en el Baremo.
  • Para hacer que los ciudadanos se conciencien de la importancia de cumplir las normas de seguridad, se prevé una reducción de la indemnización de hasta el 75% si se acredita la culpa concurrente de la víctima. Por ejemplo, si al llevar el cinturón de seguridad o el casco en la moto se hubiera contribuido a reducir la indemnización porque se habrían reducido las lesiones.
  • Menos fraude. Las compañías de seguros confían en que el nuevo baremo les permita ganar terreno en la lucha contra el fraude que se produce en casos de lesiones leves, objetivándolas al máximo. Es decir, que no pueda acudir alguien aduciendo que sufre de latigazo cervical una semana después del accidente, si el dolor se tiene que manifestar en los tres primeros días posteriores al siniestro.
  • Se introduce la equivalencia entre indemnizaciones en forma de capital o en forma de renta vitalicia. En las rentas vitalicias se incorpora el concepto de equivalencia actuarial entre indemnizaciones en capital e indemnizaciones en renta. De forma que si se determina una renta vitalicia por el juez, su valor actual no debe superar la indemnización si se hubiese establecido en forma de capital.
  • La encargada de tramitar la norma será la Comisión de Economía y Competitividad. Anteriormente la tramitación se realizaba en la Comisión de Justicia del Ministerio de Justicia.

El texto cuenta con un amplio consenso dentro del grupo de trabajo encargado de su elaboración, formado por representantes de las asociaciones de víctimas, las compañías aseguradoras, la Fiscalía, la Universidad y la Abogacía.

A pesar de que la ley entre en vigor en la fecha prevista, hay que tener en cuenta que esta nueva norma tendrá un periodo transitorio de seis meses para adaptar las estructuras (de las aseguradoras y las judiciales) que han venido funcionando con el mismo baremo desde 1995 y al que, coinciden todas las partes, mejora notablemente el nuevo sistema. Así mismo, se da un plazo de un año tras la aprobación de la ley para formar una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración, encargada de analizar su puesta en marcha, repercusiones jurídicas y económicas y el sistema de actualización. Esta Comisión se reunirá cada tres años para revisar y mejorar el sistema.

Baremo de Automóviles: Consultar el texto completo[:]

Continua la lenta andadura en la que se encuentra la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que reforma el sistema de valoración de daños por accidentes de tráfico (o por resumir, Baremo de Automóviles), aprobado el pasado 10 de abril y que ha de sustituir (¡por fin!) al Baremo vigente desde 1995.

En este momento el nuevo Baremo de Indemnizaciones ya ha sido aprobado por la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, finalizando así el proceso legislativo, por lo que se espera se pueda cumplir con la fecha fijada para su entrada en vigor el 01 de enero de 2016.

Se dará así respuesta a una de las medidas que reclamaban las asociaciones de conductores y víctimas como una necesidad urgente, argumentado por el descenso de la mortalidad en las carreteras desde 1995, año en el que murieron 4.119 personas, hasta las 1.131 víctimas registradas en 2014. Y es que gracias a esta reducción de la mortalidad, las aseguradoras podrán asumir los incrementos previstos de las compensaciones económicas.

El nuevo texto actualiza la norma adaptándola a la realidad social actual de manera que se fomenta la rápida resolución de los conflictos, se potencian los acuerdos extrajudiciales y cumple con el objetivo principal, “incrementar la protección a la víctimas de accidentes de tráfico mediante la garantía de una indemnización suficiente y se mejora el tratamiento indemnizatorio de los perjudicados en los accidentes de tráfico estableciendo un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad”, al mismo tiempo que nuestro sistema se sitúa a la altura de las reformas emprendidas en el ámbito de la Comunidad Europea.

NOVEDADES

  • Se produce un significativo incremento de las indemnizaciones por muerte y por lesiones permanentes. El incremento medio de las indemnizaciones por muerte es del 50% y el de las lesiones permanentes es del 35%. Este porcentaje está calculado sobre la media del periodo 2005 – 2011.
  • En las indemnizaciones básicas por muerte

Se busca una mejora de la percepción de las indemnizaciones mediante su individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares. Se reestructuran y amplían las categorías de perjudicados. El proyecto clasifica los perjudicados en cinco categorías autónomas: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados (convivencia familiar de 5 años y cercanía a la víctima en parentesco o afectividad). Esta última nueva figura del allegado ha sido introducida por el Proyecto considerándose que éstos pueden sufrir un perjuicio resarcible, con independencia de que concurran o no con otras categorías de perjudicados.

A efectos de la corrección por ingresos de la víctima, se incluyen en las víctimas a los desempleados y a las personas con dedicación total o parcial a las tareas del hogar.

  • El actual baremo era muy poco esclarecedor en cuanto a qué se paga y por qué se paga. Con la reforma se intentan clarificar  los conceptos perjudiciales indemnizables, separando claramente los daños patrimoniales (materiales) y los daños extrapatrimoniales (morales) a fin de reconocer el derecho ala indemnización del lucro cesante (forma de daño patrimonial, la pérdida de unas ganancias potenciales que se podrían haber obtenido la víctima/perjudicado de no haberse producido el daño).
En las indemnizaciones por lesiones permanentes, para la valoración del lucro cesante se sustituye el sistema actual por otro modelo procedente del ámbito de los seguros. Se contempla (como hasta ahora) los ingresos netos de la víctima/perjudicado, pero también se valora el trabajo no remunerado, como las tareas del hogar o la pérdida de capacidad de trabajo futura de menores y estudiantes. Además, se introduce un coeficiente específico para cada perjudicado, que combina diversos factores tales como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas, entre otros.
  • Se distingue entre “perjuicio patrimonial básico” o gastos razonables derivados del fallecimiento, compensados con una cantidad mínima de 400 euros, y los “gastos específicos”, que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral.
  • En los casos de lesiones permanentes, se refuerza especialmente la reparación del gran lesionado que quede con discapacidades que requieran de importantes apoyos para su autonomía personal, indemnizando los perjuicios y los daños emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales futuros.
  • Se revisa el baremo médico de lesiones permanentes (secuelas) adaptándolo al estado actual de la ciencia.
  • Para las incapacidades temporales, el Proyecto distingue entre “gastos de asistencia sanitaria” y otros “gastos diversos resarcibles”, es decir, todos aquellos gastos necesarios y razonables que genere la lesión en el desarrollo ordinario de la vida diaria del lesionado como, por ejemplo, el incremento de costes de movilidad del lesionado, los desplazamientos de familiares para atenderle, los gastos para atender a los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se ocupaba el lesionado, etcétera.
  • En general se disminuyen las indemnizaciones por incapacidades temporales para poder equilibrar y compensar así la subida de las indemnizaciones por muerte y lesiones permanentes.
  • Se clarifica y regula con detalle el resarcimiento en concepto de gastos.
  • Las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las Comunidades Autónomas los gastos derivados de los nuevos perjuicios cubiertos, importes médicos futuros, determinados gastos de rehabilitación y necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.
  • Se establece como criterio de actualización anual del sistema indemnizatorio el índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por ser el que más se aproxima a sus principios y características. Hasta ahora el índice de actualización utilizado es el IPC.
  • Al igual que en el Baremo actual se pretende conservar el principio de objetivación de la indemnización para promover los acuerdos extrajudiciales y que se indemnice conforme a las reglas y límites establecidos en el sistema. No se podrán fijar indemnizaciones por conceptos o importes distintos de los previstos en el Baremo.
  • Para hacer que los ciudadanos se conciencien de la importancia de cumplir las normas de seguridad, se prevé una reducción de la indemnización de hasta el 75% si se acredita la culpa concurrente de la víctima. Por ejemplo, si al llevar el cinturón de seguridad o el casco en la moto se hubiera contribuido a reducir la indemnización porque se habrían reducido las lesiones.
  • Menos fraude. Las compañías de seguros confían en que el nuevo baremo les permita ganar terreno en la lucha contra el fraude que se produce en casos de lesiones leves, objetivándolas al máximo. Es decir, que no pueda acudir alguien aduciendo que sufre de latigazo cervical una semana después del accidente, si el dolor se tiene que manifestar en los tres primeros días posteriores al siniestro.
  • Se introduce la equivalencia entre indemnizaciones en forma de capital o en forma de renta vitalicia. En las rentas vitalicias se incorpora el concepto de equivalencia actuarial entre indemnizaciones en capital e indemnizaciones en renta. De forma que si se determina una renta vitalicia por el juez, su valor actual no debe superar la indemnización si se hubiese establecido en forma de capital.
  • La encargada de tramitar la norma será la Comisión de Economía y Competitividad. Anteriormente la tramitación se realizaba en la Comisión de Justicia del Ministerio de Justicia.
El texto cuenta con un amplio consenso, tanto dentro del grupo de trabajo encargado de su elaboración como con las diferentes asociaciones de víctimas y aseguradoras.
A pesar de que la ley entre en vigor en la fecha prevista, hay que tener en cuenta que esta nueva norma tendrá un periodo transitorio de seis meses para adaptar las estructuras (de las aseguradoras y las judiciales) que han venido funcionando con el mismo baremo desde 1995 y al que, coinciden todas las partes, mejora notablemente el nuevo sistema. Así mismo, se da un plazo de un año tras la aprobación de la ley para formar una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración, encargada de analizar su puesta en marcha, repercusiones jurídicas y económicas y el sistema de actualización. Esta Comisión se reunirá cada tres años para revisar y mejorar el sistema